Expertos australianos en migración han criticado un acuerdo previsto por el Gobierno Federal de Australia para privatizar el sistema de procesamiento de visas. El contrato gubernamental de más de mil millones de dólares propuesto por el Departamento del Interior de Australia ha sido rechazado y criticado por el Instituto de Migración de Australia y el Consejo de Migración de Australia, junto con el exsecretario adjunto del Departamento de Inmigración Abdul Rizvi.
Handing visa processing to the private sector has been branded as extremely risky. Experts are fearing that leaving such personal data to private interests may be monetized in unforeseen unsafe ways.
The president of the Migration Institute of Australia (MIA) John Hourigan believes that the privatization of the system would reduce the integrity of the processing systems and make it more expensive.
“The privatization of Australia’s visa and citizenship program delivery model will reduce the integrity of the processing system, increase costs to users of the system and make the protection of sensitive data and national security more difficult,” he says.
Al mismo tiempo, el ex subsecretario del Departamento de Inmigración, Abul Rizvi, quien también es un ferviente defensor público contra el proyecto de privatización, dijo que la subcontratación o el personal interno sería mejor que privatizar el sistema de visas y ciudadanía.
“ No se ha puesto a disposición del público australiano una justificación clara y coherente, un caso de negocios, un plan de riesgo ni indicadores clave de desempeño para la privatización propuesta de la visa y la función de ciudadanía ”, explica, y agrega que la plataforma tecnológica para el procesamiento de visas requiere mejora y posiblemente remodelación.
Según Rizvi, bajo un modelo de ‘privatización’, la empresa ganadora tendría la propiedad real de la nueva plataforma de TI de procesamiento de visas, lo que él cree que plantea un nuevo conjunto de riesgos, ya que el aumento de las tarifas de las visas podría provocar un daño potencial a la industria australiana. sectores que dependen del turismo, estudiantes internacionales y trabajadores en el extranjero.
La idea también ha sido ampliamente condenada por los parlamentarios australianos, quienes el 1 de agosto remitieron una variedad de asuntos relacionados con la prestación de servicios gubernamentales al Comité de Referencias de Asuntos Legales y Constitucionales para su investigación. Aunque se suponía que el Comité informaría el 16 de octubre de esta semana, en septiembre el Senado extendió la fecha de presentación de informes hasta febrero de 2020./ michaelwest.com.au